Publicación original desde El Confidencial
Mario Chamorro, fundador de la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), lamentó este miércoles 20 de abril, la cancelación de la personería jurídica a manos de la Asamblea Nacional, la que calificó como una “pasada de cuentas”.
Chamorro ofreció una entrevista al programa Esta Noche, en que sostuvo que los grandes perdedores son los beneficiarios de los programas.
Según Chamorro, el organismo tenía 39 organizaciones afiliadas hasta 2018, en la misma trabajaban 1450 colaboradores, más de 16 000 voluntarios y eran beneficiadas al menos 350 000 personas, incluyendo ciudadanos de las regiones autónomas del caribe nicaragüense.
“Aquí los grandes perdedores, en esta cancelación de la Codeni y las organizaciones, son los niños, niñas y adolescentes, que quedan en una situación de desprotección en el marco de una crisis económica, social y política fuerte, en la que el Gobierno no está haciendo nada para atenderlos”, sostuvo Chamorro, quien ocupó el cargo de miembro de la directiva en varias ocasiones.
La personería jurídica de Codeni, fundada en 1992, fue una de las 25 organizaciones que fueron canceladas este miércoles con la votación de 74 diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, quienes participaron en una sesión matutina de 31 minutos en que cumplieron con la orden emanada desde el Ejecutivo.
Para Chamorro, el trabajo de Codeni la convirtió en una referencia, tanto en el ámbito nacional como internacional, dentro del mundo de las organizaciones cuya misión es la promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, destacándose como un aporte significativo lo relacionado al marco legislativo a favor de la defensa de los derechos de la niñez y las mujeres, en ejemplos concretos como el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de Familia, o el Laboral en relación al trabajo infantil.
Tensiones desde 2007
“Desde que el Gobierno del dictador Ortega subió al poder (en 2007), las tensiones se dieron entre las organizaciones y el Gobierno, principalmente relacionadas a las exigencias de la Ley 147 (de control de asociaciones), pero también en relación a la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil en los consejos nacionales, municipales, y después vino la tensión en el trabajo comunitario alrededor de amenazas, chantajes, de persecución, del trabajo de las comunidades”, explicó Chamorro.
Según el activista, estas tensiones fueron aún mayores en 2018, cuando se dieron las masivas protestas pidiendo la renuncia de Ortega, las que fueron respondidas con represión. La Codeni denunció entonces el asesinato de 29 niños, niñas y adolescentes en ese contexto.
Además de Codeni, el régimen quitó la personería a la fundación Cantera, otra de sus miembros, inscrita desde 1990. La decisión de los legisladores golpeó también a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien fue creada en 1991, el último organismo de su especie en contar con una personería jurídica.
Con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, el régimen de Ortega y Rosario Murillo ha cancelado, desde noviembre de 2018, al menos 164 personerías jurídicas de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil que fomentaban el desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, ambientalistas, feministas, indígenas, de educación y de salud en Nicaragua, según un recuento realizado por CONFIDENCIAL.
Entre las causas que ha usado para cancelarlas destaca el incumplimiento de tres leyes: la Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro o Ley 147; la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua o Ley 606, y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o Ley 977.
Núñez: “Esfuerzo inútil”.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), lamentó las decisiones tomadas por el Ejecutivo y en el caso de Cantera recordó la historia común de ambas organizaciones en favor del país. Las instalaciones del CENIDH fueron confiscadas y su personería arrebatada en diciembre de 2018.
Núñez recordó que una de las fundadoras de Cantera, la monja María Harmann, hizo un trabajo valioso con el Cenidh en las cárceles de Nicaragua. La defensora de derechos humanos lamentó también el caso de la CPDH, la que estaba cumpliendo hoy 45 años de historia y en la que formó parte cuando se luchaba contra la dictadura de Somoza.
“Lo valoro como un esfuerzo represivo inútil del régimen, cree que silenciando a una organización van a callar a quienes lo integran: los defensores de derechos humanos”, afirmó Núñez.
La abogada sostuvo que se trata de un esfuerzo centralizador de la represión que busca destruir cualquier expresión que no se corresponda a sus intereses, motivada por un “comportamiento irracional” que obedece a la idea de que esa expresión es un estorbo a eliminar.
Para Núñez, la eliminación de la personería jurídica de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada por el poeta Ernesto Cardenal, le revivió “todas las barbaridades que le hicieron en vida” e igual la propia cancelación al CENIDH que ha seguido—sin personería— denunciando los abusos de derechos humanos, pese a la voluntad gubernamental de acallarlos.
Según el diputado sandinista Wilfredo Navarro, están llevando a cabo no una persecución a los organismos, sino un ordenamiento. Sin embargo, tienen años ya las denuncias contra Gobernación en el sentido que no les aceptan los informes de los organismos, ni actualizan las directivas, para mantener a las oenegés trabajando en zozobra e ilegalidad.
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