Fundación Línea Libre lanzó hoy campaña para frenar el bullying en colegios.

 

• En el marco del lanzamiento, la Presidenta Michelle Bachelet envió un video respaldando la campaña de Fundación Línea Libre.

• Cada año se presentan cerca de 4.000 denuncias por este problema en la Superintendencia de Educación, quedando muchas de ellas sin resolver. Además, el año 2016 hubo casi 2.000 denuncias por maltratos físicos y psicológicos (27,8% más respecto de 2015) 

• Dos de cada diez escolares sufren de bullying a nivel mundial (UNESCO).

 

Fundación Línea Libre lanzó hoy la campaña «PARA EL BULLYING» que se desarrolló en centenares de colegios a lo largo de Chile, poniendo a disposición de los estudiantes el teléfono gratuito y confidencial 800 116 111, además de una página web (http://paraelbullying.cl/), WhatsApp y redes sociales como una forma de ampliar las opciones de apoyo que entrega un equipo de psicólogos infanto-juvenil a quienes viven el acoso y violencia escolar.

«Como país aún tenemos pendiente mejorar las políticas contra el acoso y la violencia escolar, las respuestas de los colegios no son iguales y los protocolos para combatir el bullying en muchos casos no existen. Los niños se sienten desprotegidos y nos dan cuenta de ello cuando nos llaman. Por eso motivamos a niños y jóvenes a enfrentar sus problemas de la mano de un equipo de profesionales, bajo un ambiente 100% confidencial», dijo Álvaro Castañón, Director Ejecutivo de Línea Libre.

En el marco de este lanzamiento, la Presidenta Michelle Bachelet envió un video a través de Youtube respaldando la campaña de Fundación Línea Libre. “Apoyo esta campaña porque tiene el gran valor de romper con la piedra angular de cualquier tipo de abuso: el silencio. Y, por otra parte, pone en el centro de atención a los propios niños y jóvenes. Esta iniciativa que se lanza hoy es un paso importante en la lucha por erradicar este tipo de prácticas. La campaña ‘PARA el bullying’ pone a disposición de la comunidad escolar un equipo multidisciplinario que, de manera gratuita y confidencial, le dará la oportunidad de hablar sobre el bullying a quienes lo padezcan poniendo en palabras un problema dolorosa pero que muchas veces prefiere callarse”, dijo la Mandataria.

Durante 2016, al igual que en años anteriores, el primer motivo de consulta al canal telefónico de ayuda fue el acoso escolar o bullying. “Los padres e incluso los niños muchas veces prefieren no denunciar, lo que hace absolutamente necesaria la existencia de canales o espacios de comunicación, que sean confidenciales y accesibles para que cualquier niño o niña que se encuentre en una situación difícil sepa que no está solo y pueda pedir ayuda. Línea libre ofrece ese espacio”, agregó Castañón.

“El anglicismo ´bullying´ suaviza un fenómeno escolar grave. Digamos las cosas por su nombre, hablemos de acoso o de humillación, hablemos de ´matonaje escolar´. Ahora bien, abordar este problema sería un acto incompleto si lo masculinizamos o lo centramos exclusivamente en el ejercicio de la violencia que supuestamente atribuimos a los varones. En otras palabras, debemos asumir que este fenómeno es transversal entre hombres y mujeres. De hecho, según un reciente estudio del INJUV, que se hará público próximamente, el 78 % de las mujeres jóvenes afirmaron haber presenciado algún acto de matonaje o acoso.  Por lo tanto este es un problema muy amplio que no discrimina ni condición socio económica ni género, sobre el cual debemos poner nuestros esfuerzos en detenerlo,” señalo el subsecretario de Servicios Sociales Juan Eduardo Faúndez.

En Línea Libre explican además que ante casos graves se activan los mecanismos necesarios para detener el acoso escolar, desarrollar habilidades para un mejor manejo de situaciones y hasta, si el menor está de acuerdo, contactar a un adulto de su confianza, hablar con el colegio, o acudir a la Superintendencia de Educación.

Sobre Línea Libre

Es una fundación sin fines de lucro, que cuenta con un canal de atención para niños, niñas y jóvenes para que puedan llamar y contar cualquier problema, sin importar su gravedad, sin costo y 100% confidencial. Al otro lado del teléfono, correo electrónico o WhatsApp son atendidos por un psicólogo infanto-juvenil que los escucha y acoge, generando un espacio de confianza para que puedan contar lo que viven y, juntos, construir un plan de acción.

Todas las niñas, niños y adolescentes pueden comunicarse gratis y en cualquier momento del día o la noche con “Línea Libre” desde cualquier parte del país al teléfono al 800 116 111, por WhatsApp +56 9 3082 2187 o a través de www.linealibre.cl.

 

Videos asociados: 

Hagamos algo, cuando (practicas que son bullying): https://youtu.be/ikC6EVU6SYI

Consejos para niños: https://youtu.be/D7s4FlfS-EU

Consejos para Adultos: https://youtu.be/wvmdG6WU3dU

Saludo Presidenta de la República Michelle Bachelet: https://youtu.be/aBobOuVd0VI

 

 

Datos para difusión: 

Hashtag: #ParaElBullying

Web: http://paraelbullying.cl/

Twitter: @lalinealibre

Facebook: https://www.facebook.com/www.linealibre.cl/

Instagram: #lalinealibre

 

Gestión de la convivencia escolar pone en entredicho la calidad de la educación.

Por Daniela Aceituno. 

 

La semana pasada, un nuevo caso de bullying escolar nos remeció. No sólo impactó por el relato del niño afectado, que apareció a través de una carta que dejó a sus compañeros de colegio y que algunos medios citaron, sino por todo lo que ello significa hoy día para un establecimiento educacional que goza de prestigio como el Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, cuya formación está basada en valores y principios jesuitas.

La demanda interpuesta en el 19° Juzgado Civil de Santiago por la ex apoderada Nilda Givovich, acusa negligencia ante la situación que vivió durante un tiempo su hijo, cuestión que fue confirmada de alguna manera por la psicóloga del establecimiento educacional quien le pidió perdón al niño por no haberlo ayudado.  De acuerdo a lo señalado por la prensa, el colegio indicó que se trataba de un caso puntual que había sido debidamente abordado en su momento. Sin embargo, esta afirmación es difícil de sostener pues sólo basta la visibilización de un caso de violencia escolar para poner en entredicho la gestión del colegio frente a este tema.

“Eres un guacho sin padre, dime que se siente eso”, fue una de las brutales frases con las que un compañero, alguna vez, agredió al niño aludido. Y es que a veces en esas frases, en lo dicho y en lo que se calla, en las conductas y formas de relacionarse cotidianas se juegan este tipo de situaciones violentas, que constituyen discriminación y que se fundamentan en categorías sospechosas y que tienen por objeto anular, excluir o menoscabar.

En Chile, en materia de educación, tenemos un marco legal – institucional robusto que lo que hace es aportar con orientaciones y herramientas que permiten prevenir y actuar frente a casos como éstos.

Por un lado, tenemos los principales cuerpos legales, la Ley N°20.609 que establece medidas contra la discriminación y la Ley General de Educación N°20.370 que instala que el propósito de la educación es alcanzar el desarrollo integral de las personas para conducir sus vidas en forma tolerante, solidaria y democrática.

Por otro lado, y en el marco de los procesos de la Reforma Educacional, impulsados por el MINEDUC, tenemos la Ley de Aseguramiento de la Calidad (Ley N°20.529) y Ley N°20.536 sobre violencia escolar (2011) que faculta a los establecimientos educacionales a diseñar estrategias de promoción de la buena convivencia y prevención, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación, creando la figura del encargado de convivencia, entre otras cosas.

También contamos con la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar que prohíbe toda forma de discriminación arbitraria y establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena convivencia. Incluso, existe el Decreto N° 381 (2013) del MINEDUC que dentro de sus indicadores de calidad incluye el desarrollo personal y social de los y las estudiantes. También, no podemos dejar de mencionar las Orientaciones para la elaboración del Plan de Formación Ciudadana (2016) que instan y orientan a cada escuela y liceo para que “diseñen acciones que permitan a las y los estudiantes participar de procesos formativos –curriculares y extra programáticos – cuyo centro sea la búsqueda del bien común. Es decir, vivenciar el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad; la consciencia respecto de sus derechos y responsabilidades en tanto ciudadanos”.

Con casos como el vivido por este niño de 12 años, la pregunta que surge es que falló en la cadena de servicios educacionales como para que un niño le pidiera a su mamá que lo sacara del colegio por no poder aguantar más los malos tratos que recibía.

Según palabras del propio MINEDUC a través de las orientaciones para elaboración y revisión de reglamentos de convivencia escolar “la mayor responsabilidad siempre recae en el adulto al momento de afrontar y resolver un conflicto”, por ello es que lo relevante del caso es preguntarse por la responsabilidad que tienen los actores de la comunidad educativa. Negar, naturalizar y/o invisibilizar este tipo de casos demuestra que los establecimientos, en algún sentido, contribuyen a dinámicas que propician la violencia al interior de sus aulas.

Los desafíos son varios. Es necesario que estas cuestiones efectivamente permeen el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar y el Reglamento Interno.

Además, se necesita incluir estos temas en  los estándares de aprendizaje y desempeño de los/as docentes, en los requisitos del reconocimiento oficial y espacios de capacitación permanentes a profesores, asistentes de la educación, auxiliares, sostenedores y directores/as en cómo prevenir y abordar la violencia y en cómo promover el respeto y la valoración de personas a partir de sus diferencias.

Es necesario que toda la comunidad educativa (incluyendo Padres y Apoderados), se informen y se empapen de su papel vigilante, de manera de estar atentos/as a situaciones de violencia de cualquier orden y sepan cómo actuar y frente a quién. Pero del mismo modo, se requiere una Superintendencia de Educación que se robustezca para fiscalizar y sancionar a los establecimientos que no cuenten con planes y manuales de Convivencia (entre otros aspectos de la gestión escolar que obliga la ley), auditar los recursos invertidos (o no) en el campo de la convivencia escolar e investigar denuncias y establecer responsables de los actos de violencia escolar.

Para que estas normativas vigentes tengan materialización en los contextos escolares, hay que reforzar una noción compartida de calidad de la educación que considere la gestión de la diversidad étnica, racial, de género, religiosa y de cualquier otro orden, que representan todos/as quienes integran la comunidad escolar.

En efecto, un establecimiento, aunque sea emblemático, aunque se jacte de sus buenos puntajes en el SIMCE y otras mediciones, además de estar infringiendo la ley, puede poner en entredicho la calidad de la educación que ofrece si no se atienden con seriedad y sistematicidad estos asuntos.

 

Daniela Aceituno Silva.

Trabajadora Social de la UTEM, Diplomada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile.

Es integrante del Observatorio Iglesia y Sociedad y de Acción Ecuménica contra la Violencia hacia las Mujeres. En el ámbito académico realiza docencia en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica Silva Henríquez.

 

¿Qué ha pasado con el proyecto de ley de maltrato contra niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad?

Con  24 votos a favor, 13 abstenciones y ninguno en contra fue aprobado en su último trámite en el  Senado el Proyecto de ley de maltrato contra niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe celebra los avances realizados por el Senado del gobierno de Chile al tipificar como delito el maltrato contra menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores.

En un comunicado hecho público el día de ayer, UNICEF Chile ha dicho “Esta iniciativa legal da cuenta de que la sociedad chilena exige estándares más altos en el trato que le da a sus niños y niñas y que tiene menos tolerancia hacia distintas formas de violencia en contra de ellos.”

El proyecto  reconoce que existen ciertas situaciones de maltrato que merecen una mayor protección penal. Las normas actualmente vigentes sancionan las agresiones únicamente cuando éstas provocan lesiones, con la nueva ley sin embargo todos aquellos maltratos y abusos no constitutivos de lesiones, que se cometían en residencias de adultos mayores, en colegios o en instituciones encargadas de entregar tratamiento a personas en situación de discapacidad, también recibirán sanción.

Lo novedoso de esta nueva figura es que basta un acto de maltrato corporal único “relevante” para que se configure el delito, diferenciándose del maltrato habitual que regula la ley de violencia intrafamiliar, pero también de las lesiones, por cuanto no se exige que el maltrato cause un daño (resultado de lesión corporal) en la integridad física del ofendido. Con este proyecto, la legislación viene a ofrecer protección a un grupo numeroso de personas que hasta ahora no recibía respuesta alguna.

Para leer la nota elaborada y la propuesta de ley aprobada acceda a:

 http://www.movimientoporlainfancia.org/chile-ley-de-maltrato-contra-ninos-ninas-y-adolescentes-discapacitados-y-adultos-mayores-fue-aprobada-por-mayoria-en-el-senado/

 

 

 

Se inicia la labor, de la Comisión de trabajo de «Propuesta local de garantía de derechos».

Hoy 16 de marzo del 2017, se inicia el trabajo de la Comisión de trabajo de «Propuesta local de garantía de derechos», del Movimiento Movilizándonos por una cultura de derechos de la niñez y juventud.

Esta comisión está compuesta por Richard de la fundación Sagrada Familia de Peñalolén, Michael de la Corporación en Marcha, Rodrigo de Infancia de la Municipalidad de Recoleta y de David Ordenes de la Corporación La Caleta.

La finalidad de esta comisión, para el 2017, es facilitar procesos en los niveles de niños/as, jóvenes, organizaciones sociales e instancias de redes comunales de reflexión, información y propuesta respecto a «qué implica garantizar derechos de la niñez y juventud en los territorios donde estamos». Para ello, se promoverá diálogos con la Asociación de Municipalidades en lo que respecta a la instancia de infancia; con los municipios con los que interactuamos cotidianamente y con las redes de niñez de las comunas. Avanzamos en una propuesta que será dada a conocer en la reunión del Movilizándonos el 30 de Marzo en la vicaria de la pastoral social.

Consideramos que es una oportunidad importante de promoción de derechos, de participación efectiva y concreta desde los territorios y personas con las cuales somos parte en el trabajo cotidiano en las poblaciones y comunas.

Reflexiones rápidas para el diálogo sobre la PARTICIPACION en la Ley de Garantía de Derechos en Chile.[1]

Latinoamérica está en una crisis profunda de los modelos representativos de las democracias actuales. La falta de participación en los procesos electorales; la pérdida de credibilidad en las prácticas políticas relacionadas con abusos, apropiación de recursos del Estado y colusiones de parte de personajes de las cámaras con las empresas etc…

Se reconoce que “el modelo democrático de sociedad”, sería el modelo que responde hasta ahora, de la mejor manera a nuestras sociedades.

En este contexto tan general que planteo, el aprendizaje de cómo actuar y ejercer la democracia, se hace en la práctica. Esto es lo que se debe aprender haciendo, de parte de niños, niñas y adolescentes.

La CIDN, su gran aporte es el reconocer a los niños, como sujetos sociales y políticos para actuar en todos lo que les afecte.

Entonces, no hay ley de garantía de derechos, que se reconozca como tal, si no facilita el reconocimiento de este derecho, a participar de parte de los niños, niñas y adolescentes en todo lo que viven.

El deber de los adultos/as es garantizar este derecho y en respuesta los niños, niñas y adolescentes “aprenderán” a que implica los procesos de trabajo en común, a expresarse e implicarse en las transformaciones sociales que se requieren a partir de sus espacios propios
de desarrollo: territorio, familia, escuela, comuna en lo individual y colectivo.

Una ley de garantía de derechos que se reconozca como tal debe garantizar que, desde el espacio comunitario, lo local]/comuna, lo regional y nacional tenga PROCESOS DE APRENDIZAJE  de la participación.

Esto requiere de facilitadores que han cambiado la cultura adulto céntrica, por una cultura del respeto a la diversidad y facilitador de la participación de los niños, niñas y adolescentes; Esto requiere de espacio desde lo barrial a lo nacional de procesos de aprendizaje de la participación que implica: organización, vocerías democráticas, procesos de representación que en lo que respecta a los niños, niñas y adolescentes debieran de contribuir a la alternancia y especialmente a la “no institucionalización” como es el caso de las experiencias adultas.

Implica por supuesto, toda una institucionalidad desde la base, que permita el ejercicio real de la democracia y el reconocimiento entre los niños, niñas y adolescentes de que en el diálogo con los adultos/as lo que ellos/as dicen se va plasmando en la realidad. O sea que va adquiriendo con el tiempo logros observables y que su participación no es decorativa.

De ahí la importancia del trabajo con las organizaciones comunitarias para que las instancias adultas existente en los territorios, tomen en cuenta a este ciudadano persona que tienen todas las potencialidades para ser en el mundo.

Que en lo local exista instancias diversas de participación desde lo comunitarios a lo fomal/escuela para que los niños, niñas y adolescentes se apropien, tengan pertenencia a los territorios donde viven y no solamente sean parte de prestaciones sociales, sino de garantía de derechos.

Participación que en el aprendizaje debe ser compartido con los adultos/as en perspectiva intergeneracional para aprender que las democracias se co – construye con todos los actores.

¿Quién y cómo se hace cargo de estos procesos de aprendizaje real de que los niños, niñas y adolescentes aprendan mediante la participación lo que es un país de prácticas democráticas?

Una ley de garantía de derechos que expresamente reconoce a los niños y niñas como sujetos sociales y políticos; una institucionalidad que expresamente genera espacios desde la base para que los niños y niñas, vivan la participación y no solamente esté al criterio de los alcaldes con lo que implica la utilización de las actuales cada 4 años; de un defensor de la niñez que a la hora de que haya vulneraciones de este derechos los niños no solamente individualmente, sino que colectivamente hagan la denuncia y la propuesta desde lo que viven en sus vidas cotidianas.

Este salto en una ley de garantía de derechos es la que la valida. Las prestaciones sociales, solamente mantienen un sistema que pretende chorrear lo que el Neoliberalismo le será imposible de conseguir: DERECHOS DE LA NIÑEZ.

Cuando se trata de temas que tienen que ver con el poder, nos introducimos en la praxis política donde lo técnico queda cojo porque en lo que respecta a los niños, niñas y adolescentes, se trata de un cambio cultural de parte de los adultos y eso penetra todas las estructuras del cómo se hace política y como se reconoce a los diversos actores en la
co – construcción de la sociedad que queremos y merecemos.

Al final, es pasar de ver a los niños niñas y adolescentes como depositarios de prestaciones sociales, a reconocer la potencialidad en construcción de sus vidas individuales y colectivas para vivir y  que otro Chile es posible.

[1] David Ordenes, Educador. Presidente de la Corporación La Caleta y representante del Colectivo Diversidad Cultural de 100 organizaciones de América Latina. Facilitador del Movimiento Movilizándonos en Chile.