A 24 Años de la Convención, Chile sigue en deuda con sus niños, niñas y adolescentes

Este miércoles 20 de noviembre se cumplen 24 años desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez (CIDN) en la que los estados partes (incluido Chile) se obligan en forma directa a “adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos en ella reconocida en la presente convención” (Art. 4°)

A casi un cuarto de siglo de este hecho histórico, debemos reconocer algunos avances en nuestro país: establecer la obligatoriedad de la enseñanza en un mínimo de 12 años de escolaridad, la creación y cobertura Ges (ex Auge), creación de tribunales de familia en el 2004, el establecimientos de las OPDs, el Programa Chile Crece Contigo, la ratificación de varios instrumentos internacionales como los Protocolos facultativos de la CIDN, etc.

No obstante, es motivo de gran preocupación que ni siquiera se han abordado las observaciones del Comité de los Derechos del niño de la ONU realizadas en los años 2002 y 2007. Especialmente si se trata de un tema que es vital para el desarrollo de los países, como es el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes.

En este nuevo aniversario de la Convención, llamamos una vez más a ponernos al día con compromisos no cumplidos frente a las naciones y que son de “obligación” para los estados. En términos más específicos, demandamos una Ley de Protección Integral para toda la infancia que vive en Chile y que en sus consideraciones mínimas debiera contener:

 La derogación de la actual Ley de Menores N° 16.618 del siglo pasado, que entrega atribuciones exorbitantes a las policías y a los tribunales.

 Adecuar toda la legislación y normativa de Chile a los principios de la Convención Internacional de los Derechos del niño(a)

 Proteger los derechos de toda la niñez del país, independiente de su condición social, estructura familiar, su etnia o lugar de nacimiento

 Contar con una Defensoría de la Niñez y la adolescencia como un organismo público del más alto nivel jurídico, autónomo, encargado de la promoción, protección y defensa de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que vivan en el país.

Cuesta comprender como un asunto de tanta importancia aún no cuente con una legislación adecuada al respecto, especialmente cuando observamos que diariamente en las noticias se suceden episodios de vulneración de derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Si uno de ellos nació al adoptarse la Convención Internacional, ya tendría 24 años y sería un adulto. El tiempo pasa y la niñez también, debemos actuar ahora. Ha pasado demasiado tiempo.

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