¿Es la niñez una prioridad en Chile?

por Giorgios Progulakis, coordinador OPD La Serena. 

“La Infancia servida abundante y hasta excesivamente por el Estado, debería ser la única forma de lujo –vale decir de derroche- que una colectividad honesta se diera, para su propia honra y su propio goce”. Gabriela Mistral, 1927.


El pasado 6 y 7 de septiembre, las Oficinas de Protección de Derechos Infanto-juveniles (OPD) asistimos a un encuentro nacional en Santiago, tras cumplirse una década de implementación del modelo OPD con 119 oficinas a lo largo del país. La instancia, organizada por el Servicio Nacional de Menores, permitió repensarnos y dialogar respecto a nuestros lineamientos técnicos, sin embargo, nada de esto se informó en los medios masivos de comunicación, a pesar de que las OPD son uno de los programas de intervención social con mayor cobertura nacional y de atención del Sename.

Por eso, como coordinador de la OPD de La Serena, quise contarles que el modelo OPD es la puerta de entrada al sistema local de atención de vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero, sobre todo, es un espacio que busca promover una cultura de reconocimiento y respeto de aquellos derechos. También, decirles que estas oficinas son destacadas a nivel internacional por ser una estrategia innovadora para la protección y promoción de derechos, no obstante, la mayoría de los equipos profesionales que trabajamos en ellas nos vemos enfrentados día a día a una inexcusable escasez de recursos.

Por ejemplo, para el proceso de evaluación, contención, judicialización, intervención en crisis y derivación a redes especializadas, además de la realización de talleres y campañas comunicacionales, el Estado aporta a las OPD tan sólo $2.000 aprox. por niño atendido al mes.

Esta situación descrita puede explicar, en parte, el surgimiento espontáneo y autónomo de una declaración pública elaborada por 79 equipos OPD durante el encuentro, donde se plantea, entre otras cosas, que Chile sigue siendo el único país latinoamericano sin una ley de protección integral a la infancia y que las funciones que el Sename encomienda a las OPD “sobrepasan las capacidades de los equipos profesionales, y no resuelven el colapso de las listas de espera”, lo que se traduce en niños y niñas aguardando, en ocasiones durante un año, atención psicológica reparatoria por abuso o maltrato grave.

Cuando Chile ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1990, se comprometió a instalar el interés superior del niño como una prioridad nacional, ejecutando progresivamente distintas políticas públicas a favor de la protección de derechos. Chile aceptó reconocerlos como seres humanos integrales, y además, el Estado asumió convertirse en el principal responsable del cumplimiento de los derechos establecidos por la Convención.

Fue así como Chile comenzó tímidamente a realizar algunas acciones, sin embargo, hoy, a 22 años de dicha ratificación, nos encontramos con un Estado lleno de contradicciones: se invierte poco más de 1 millón 600 mil pesos mensuales en adolescentes que están cumpliendo condenas por diversos delitos, mientras que se destinan sólo 190 mil pesos al mes en niños y niñas que habitan en residencias por no tener familias competentes. Es decir, se invierte casi cinco veces más en la recuperación de un joven que trasgredió la ley que en aquellos que han sido vulnerados en sus derechos.

A la distribución inequitativa del recurso público, se suma la descoordinación de las políticas destinadas a los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, se le permite a la educación particular subvencionada expulsar y seleccionar estudiantes, aun cuando funciona con recursos públicos; se aprueba un posnatal de seis meses para asegurar el derecho a la lactancia, pero todavía no contamos con el principio del cuidado compartido de los hijos cuando los padres se separan. La disparidad de criterios entre las distintas políticas públicas a la hora de hacer efectivos los derechos de la niñez, así como la inequidad en la distribución de recursos, da cuenta de una necesidad clara: Chile requiere con urgencia una Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia que reoriente las prioridades y recursos.

Fue en enero de este año, cuando una mesa técnica, conformada por los ministerios de Justicia y Desarrollo Social, diversas organizaciones no gubernamentales y Unicef, logra consensuar un proyecto que se alineaba con los principios de la Convención y establecía un rol activo del Estado, planteando, por ejemplo, la derogación de la antigua Ley de Menores de 1967 y la creación de una figura autónoma denominada Defensor del Niño. No obstante, el texto elaborado colectivamente fue reemplazado a mediados de mayo por un borrador creado por el Ministerio de Desarrollo Social, el cual persiste en un Estado subsidiario que no se hace responsable de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, manteniendo las intervenciones aisladas que sólo seguirán incrementando la desigualdad en nuestro país.

Giorgios Progulakis, coordinador OPD La Serena.

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One Comment to “¿Es la niñez una prioridad en Chile?”

  1. Compañero, muy buen informativo. Le cuento que la organización en donde trabajo (ONG Galerna), forma parte de la ROIJ. Me parece muy interesante que estas organizaciones puedan contar con visiones como la tuya. Un abrazo y éxito. Pamela Illanes Vega.

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