“Cri-cri” y Represión Son las Respuestas del Gobierno


por Comunicaciones Movilizándonos

Felipe Viveros: “El Gobierno asombra por su indolencia y no ha tenido oídos para escuchar la sociedad civil

Felipe Viveros, es abogado y asesor jurídico de la Campaña Movilizándonos por una Cultura Integral de Derechos, que desde el 2008 busca la generación de una Ley Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que viven en Chile.

Entrevistado por Comunicaciones Movilizándonos, se refirió al estado actual en que se encuentra este proceso para lograr una Ley de Protección Integral de Derechos, a la indolencia del gobierno y sus tics represivos,  los acercamientos al  Congreso y las estrategias que buscan reposicionar en la agenda pública el proyecto consensuado hasta enero de 2012 en una mesa de trabajo que se reunió en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

El trabajo de esa mesa fue patrocinado por el mismo MDS, donde además participó el Ministerio de Justicia, Sename, Unicef y un conjunto amplio y representativo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con infancia, dando un amplio y participativo marco de legitimidad al anteproyecto, del cual el Gobierno ha tendido a desentenderse en los últimos meses.

– ¿En qué estado se encuentra el Proyecto de Ley de Protección Integral?

Primero, aclarar que aún no existe un Proyecto de Ley de Protección de Derechos propiamente tal, pues tal proyecto correspondía ser presentado por el Ejecutivo al Congreso y aquel no lo ha hecho hasta ahora, ni aún bajo la formulación insuficiente que se nos dio a conocer como hecho consumado en mayo pasado y menos el borrador consensuado en la Mesa con las Organizaciones a comienzos de año.

Informalmente se ha sabido, pero no tenemos constancia de ello, que el Ministerio de Desarrollo Social –MDS- incorporaría algunos aportes de la sociedad civil, por de pronto, la derogación de la Ley de Menores, de acuerdo con las observaciones críticas que las organizaciones que trabajamos hasta principios de año en la Mesa enviamos en su oportunidad al Ministerio. Pero no tenemos seguridad, de hecho aquella Mesa dejó de funcionar y desde mayo no ha habido interlocución formal. Por esta misma razón las organizaciones se han sentido con plena libertad de acción para promover el proyecto en otros espacios.

– ¿Qué avances hay en el Senado?

Después de la decepcionante experiencia vivida en el MDS, un núcleo de organizaciones estableció un vínculo con el presidente del Senado, Camilo Escalona, para activar la iniciativa desde el parlamento, buscando concitar una adhesión mayoritaria y transversal en torno a un proyecto que reúna los estándares básicos en su coherencia con la Convención y en la creación de mecanismos efectivos de protección. Ese proyecto sería en su fisonomía fundamental el mismo que las organizaciones reconocemos como consenso mínimo.

Actualmente se trabaja en la posibilidad de enviar una reforma constitucional sobre reconocimiento y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que incluya principios fundamentales como el interés superior, el trato acorde a su dignidad y la efectividad de los mismos derechos, es decir, una reforma que no sea mera retórica sino que ordene al legislador a crear la orgánica y los mecanismos de protección adecuados.

Sin perjuicio de ello, se buscará instalar un proyecto de Ley de Protección Integral que, por sus contenidos, permita neutralizar cualquier posibilidad de que el Ejecutivo envíe en el futuro un proyecto de ley insuficiente o desvirtuado.

El silencio del Gobierno y sus tics represivos

– A propósito de las movilizaciones estudiantiles y la toma de la Unicef, ¿El Gobierno acusa recibo de las indicaciones hechas por las organizaciones chilenas e internacionales en materia de protección?

Al menos en lo que personalmente tengo conocimiento, respecto del Proyecto de Protección Integral se puede escuchar el “cri-cri” de los grillos ministeriales en el silencio de la noche…

Sin perjuicio de lo anterior, sabemos que el MDS convocó por separado a algunas organizaciones a opinar sobre su proyecto de Ley de División del Servicio Nacional del Menor –Sename- en dos servicios. Ese proyecto ya se presentó al Congreso.

Con todo, este hecho, junto con el acercamiento al Senado, permitió algo muy positivo: propiciar un trabajo y un posicionamiento unitario entre las organizaciones que trabajan con la niñez y su reciente alianza a lo ancho de un amplio espectro de sensibilidades, las que  han constituido un Bloque por la Infancia, que ya está trabajando en torno a este proyecto y a otras iniciativas fundamentales, como la temática de los abusos y el Defensor de la Niñez, entre otras.

A mi modo de ver, el gobierno en sus niveles decisorios asombra por su indolencia y no ha tenido oídos para recoger constructivamente estas señales. Esto ya se vio a propósito de la agenda oficial sobre los abusos sexuales, en que prácticamente todas las medidas anunciadas son de carácter penal o relacionadas con los juicios penales, lo que no está mal, pero son cortoplacistas, de escaso valor epidemiológico, no apuntan al fondo de las necesidades de prevención y protección y, muchas veces, se quedan en su efecto mediático.

Y en cuanto a lo que interesa a los estudiantes y a los niños, niñas y adolescentes mapuche, por referirnos solo a los ejemplos de la pregunta, al revisar las periódicas declaraciones oficiales, vemos con preocupación que la respuesta gubernamental es monocorde y limitada a tics represivos: véase proyecto de Ley Hinzpeter, violencias y abusos policiales reiterados, criminalización de la protesta, incluso al punto de pretender hacer creer a la opinión pública que los estudiantes y en general, los adolescentes de Chile que se expresan en las calles como ciudadanos son delincuentes o incluso terroristas.

– ¿Habrá Ley de Protección Integral en Chile?

Los tiempos legislativos del país suelen funcionar discontinuamente, más aún con períodos electorales de por medio como los que se avecinan, que los hacen impredecibles, pero estos escenarios también se deben aprovechar.

El tipo de proyectos en que estamos comprometidos se relacionan con procesos sociales y tienen su tiempo de incubación y desarrollo, nos deparan avances y retrocesos, esperanzas y decepciones.

Llevamos más de dos años aunando esfuerzos y experiencias sociales y técnicos para finalmente perfilar a una propuesta consensuada. Ahora que las organizaciones contamos con mínimos comunes, tenemos que persistir en la activación de las bases sociales y la comunicación amplia de lo que estamos haciendo. Además, está ese proceso que se está gestando en el Senado, que debemos sostener y extenderlo transversalmente a todo el estamento parlamentario, incluyendo a los diputados.

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