MAQUILLAR SIN PROTEGER

Por Comunicaciones Movilizándonos

Desde las organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez se han valorado algunas de las medidas anunciadas por el Presidente Piñera el pasado 18 de julio para combatir abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años.

Pero también se ha señalado que son insuficientes, ya que si el Estado quiere asumir de una vez por todas su rol de garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, debe contar con una Ley de Protección Integral de Derechos, cuyo borrador permanece en los cajones del Ministerio de Desarrollo Social.

No cabe duda que el abuso sexual a niños, niñas o adolescentes, es una de las más graves formas de vulneración de derechos, por lo que es urgente erradicarla y prevenirla.

Desde la Campaña Movilizándonos, David Órdenes valoró que a través de los anuncios del Presidente se ponga el tema de la niñez dentro de los grandes temas que debe hacerse cargo el Estado.

“… y en un tema que requiere, dadas las noticias y la contingencia, una respuesta pronta, pertinente y acorde con los Derechos de los niños y niñas”, expresó el también director de la ONG La Caleta.

Según explicó el abogado Felipe Viveros, de las diez medidas, cinco son directamente de tipo penal: el registro de pedófilos, el brazalete electrónico, el aumento de penas a ciertos delitos, la restricción de beneficios carcelarios, la incorporación de una nueva agravante de responsabilidad penal para personas cercanas a los niños.

Otras dos medidas son de tipo procesal probatorio, “importantes también para perseguir penalmente y de mejor manera estos delitos: recursos al Servicio Médico Legal para financiar las pericias que terminen con el atochamiento y la virtual indefensión de las víctimas y la entrevista única que evite la victimización secundaria”, señaló el jurista.

Sin embargo, aunque la importancia es clara en lo penal o punitivo, la importancia global de estas medidas es solo relativa.

“Evidentemente, se echa de menos una idea o concepción general del Ejecutivo sobre este fenómeno y el problema global de todas las formas de maltratos, abusos y violencias contra los niños y adolescentes y, respecto de ella una esencial perspectiva preventiva”, observó el abogado.

DIVISIÓN DEL SENAME

Entre las 10 medidas, Piñera indicó que se revisaría la legislación vigente, dividiendo el actual Servicio Nacional de Menores (SENAME) en dos instituciones. Así, se anuncia la creación de un Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia para los niños vulnerados que no tienen problemas con la ley, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; y un Servicio Nacional de Responsabilidad Adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia, para la rehabilitación de aquellos que sí han tenido problemas con la ley.

Pero esta intención no es ninguna novedad, ya que ha sido anunciada varias veces tanto por este Gobierno como por gobiernos anteriores, según recordó Felipe Viveros, agregando que entonces “ya debería estar presentada al Congreso hace tiempo y avanzándose en sus aspectos no sólo normativos, sino orgánicos y de gestión. Sin embargo, poco se sabe de esto”.

Según la opinión de David Órdenes, efectivamente el SENAME necesita clarificar su misión, visión y paradigma sobre el cual trabajar desde la niñez y adolescencia en Chile.

Los niños, niños y adolescentes que estén bajo la responsabilidad del SENAME deben ser reconocidos como sujetos de derechos y contar con las condiciones culturales, humanas y económicas para gozar “de todas las posibilidades para encontrar oportunidades y desarrollo personal y colectivo”, indicó Órdenes.

Y, por otra parte, el organismo que se haga cargo de la protección integral de Derechos, debe contar “con los recursos y capacidad de articulación para que los derechos estén cautelados”, observó.

FALTAN LOS CIMIENTOS

Pero no basta con dividir las atenciones de los niños y niñas, ya que cualquier cambio tiene que estar relacionado con los cambios estructurales que un país requiere para atender universal e integralmente a los niños y niñas.

La anunciada división no tendría sentido “sin una ley marco sobre protección integral de los derechos de los niños, por la que han estado luchando las organizaciones de la sociedad civil” enfatizó Viveros.

El abogado Felipe Viveros participó en la Mesa de Trabajo que se reunió en el Ministerio de Desarrollo Social durante los últimos meses del 2011 e inicios de este año, como uno de los asesores de la Campaña Movilizándonos por una cultura integral de Derechos. En enero pasado, en dicha instancia se consensuó un anteproyecto de Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, del cual el Gobierno ha tendido a desentenderse en los últimos meses.

El trabajo de esa mesa fue patrocinado por el mismo Ministerio de Desarrollo Social, donde además participó el Ministerio de Justicia, Sename, Unicef y un conjunto amplio y representativo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con infancia, dando un amplio y participativo marco de legitimidad al anteproyecto.

“Esta propuesta fue desechada, recortada y transformada en algo distinto y de menor entidad por el propio Ministerio” recordó Viveros, indicando además que lo que acaba de presentar el Gobierno en el marco de la lucha contra el abuso sexual, en términos generales, es la misma antepropuesta insuficiente que les planteó en mayo como en reemplazo del proyecto de protección integral de derechos de la niñez y adolescencia consensuado en enero con la Sociedad Civil.

Un aspecto preocupante es que “en la actual propuesta del Ejecutivo subyace una mirada tecnoburocrática de modernización liviana, de bajo costo, que elude la protección de derechos a través de mecanismos eficaces y la reemplaza por una coordinación estatal de protección social de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad” analizó Felipe Viveros.

Con esto, lamentablemente el Estado chileno insistiría en mantener el tradicional enfoque de la “protección especial”, con casi absoluta ausencia de un enfoque de derechos universalista.

Para la Campaña Movilizándonos, claramente no es suficiente con declarar el rechazo y combate penal contra el abuso sexual infantil, con que todos estamos de acuerdo, sino que es importante contextualizar esta realidad en la urgencia de una ley de protección de derechos “que garantice no solamente desde la focalización, sino de la universalidad de los derechos lo que los niños y niñas requieren”, enfatizó Órdenes.

Pretender crear un sistema integral de protección de la niñez y adolescencia debería ir más allá de la creación orgánica de un sistema; se requiere un cambio estructural y, como señaló David Órdenes, también “un cambio cultural del Estado que asuma a los niños y niñas desde el enfoque de derechos y su actoría social en los procesos que vive el país”

Asimismo, la atención social que se ha despertado favorablemente hacia la protección de nuestros niños y niñas debería profundizarse y también alarmarse ante la deuda grave y urgente del Estado en relación con la protección universal e integral de los derechos de la infancia, es decir, de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile.

Una deuda que se traduce, en no contar con una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia, tras 22 años desde que el Estado chileno ratificó la Convención de los Derechos del Niño, y “que seguramente las Naciones Unidas volverán a recordarnos por cuarta vez en quince años” recordó el abogado Felipe Viveros.

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One Comment to “MAQUILLAR SIN PROTEGER”

  1. totalmente de acuerdo

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