Un proceso en riesgo

Fuente: Pichikeche

La campaña “Movilizándonos por una ley de protección integral de la niñez” reúne a una gran diversidad de organizaciones de todo el país dedicadas al trabajo con la niñez y la adolescencia.

El proceso se inició en 2008 e incluyó un extenso calendario de reuniones locales, de foros, manifestaciones y encuentros nacionales e internacionales que han permitido a niños, niñas, padres, educadores, especialistas y dirigentes de organizaciones, exponer sus ideas e intercambiar experiencias en torno a la realidad y a los problemas de la niñez en Chile.

Un elemento central de este proceso ha sido la participación activa de niños, niñas y adolescentes, que en diversas instancias han podido dialogar entre sí y con especialistas y autoridades, con el fin de dar a conocer sus reflexiones y demandas. De estas instancias surgieron también las propuestas que una mesa de especialistas, integrada por abogados educadores y representantes de organizaciones con extensa trayectoria en el trabajo de infancia, transformó en un Proyecto de Ley Integral de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Con el documento ya elaborado, el senador Juan Pablo Letelier promovió la realización de una sesión especial del Senado, que tuvo lugar el 16 de agosto de 2011, a la que asistieron los voceros elegidos por los niños, niñas y adolescentes, la mesa de la campaña y representantes de organizaciones. En la ocasión el presidente del Senado, Guido Girardi, se refirió a la importancia de generar una Ley de Protección de Derechos para niños, niñas y adolescentes y de dar coherencia a las reformas institucionales en este ámbito. Intervino también el abogado Nicolás Espejo, representante de UNICEF, quien manifestó la necesidad de una nueva Ley, acorde a los compromisos internacionales del Estado y los desafíos y compromisos que tiene Chile para con sus niños, niñas y adolescentes. Finalmente habló Salomé Reuca, adolescente, vocera de la Región del Biobío, quien demandó a los legisladores escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes al momento de elaborar una norma legal que los proteja y acoja.

Los treinta senadores de las distintas bancadas asistentes al acto suscribieron el Proyecto de Ley y el respectivo Proyecto de Acuerdo para Legislar. Posteriormente, por iniciativa de la diputada María Antonieta Saa se ha avanzado también en recoger el apoyo de la Cámara de Diputados a esta iniciativa, contándose hasta el momento con la firma de 60 parlamentarios.

Con este espaldarazo del Legislativo se solicitó una entrevista con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, reunión que tuvo lugar en el Palacio de la Moneda el 21 de octubre de 2011 y a la que asistieron también los ministros de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, y de Justicia, Teodoro Ribera. En la ocasión el Presidente Piñera manifestó su reconocimiento a la iniciativa y pidió expresamente a su ministro de Desarrollo Social la constitución de una mesa de trabajo con los representantes de la sociedad civil para elaborar un proyecto de ley.

La primera reunión de esta mesa de trabajo tuvo lugar el 7 de noviembre de 2011 y fue presidida por el ministro Lavín, quien se comprometió a impulsar la Ley de protección Integral para la infancia y juventud. “Una política de protección integral de los derechos de los niños y la creación de un servicio nacional de protección de la infancia es urgente para Chile”, afirmó, añadiendo que el Gobierno se esforzaría por lograr avances en esta materia en el curso de 2012.

A partir de este encuentro la mesa de trabajo realizó más de veinte reuniones, en un proceso intensivo en que tomaron parte asesores del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaria General de la Presidencia, y representantes de UNICEF, del Foro de la Niñez y de la campaña “Movilizándonos por una ley de protección integral de la niñez”.

A fines de enero de 2012 se alcanzó el consenso en torno a un documento destinado a ser la base del proyecto de ley. Concluida esta etapa, el Ministerio de Desarrollo Social anunció el envío del documento consensuado al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda para su conocimiento, con el compromiso de que el ministro Lavín se reuniría en marzo con la mesa de trabajo.

En marzo los dirigentes de la sociedad civil esperaron en vano la citación ministerial y recién el 4 de mayo pasado fueron recibidos por la funcionaria María José de Las Heras, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Desarrollo Social, quien les manifestó, verbalmente, que el anteproyecto de ley consensuado en enero, en su paso por los organismos técnicos y jurídicos del Gobierno había sido sometido a diversos cambios y que la versión modificada sólo será dada a conocer después que sea firmada por el Presidente Sebastián Piñera.

En su mensaje ante el Congreso Pleno, el 21 de mayo, Piñera anunció cambios en el SENAME que no dan cuenta de una Ley de Protección Integral de la Niñez y siguen enfocados en una línea de “especialización”, donde las prioridades están puestas en los temas de responsabilidad penal y su relación con las políticas de seguridad ciudadana.

Ante esta situación, la Red de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ-Chile), como parte de la campaña, expresó en una declaración pública que esta posición del Gobierno importa desconocer los acuerdos alcanzados con el Presidente de la República y con el ministro de Desarrollo Social, en términos de elaborar un anteproyecto de ley de consenso entre el Gobierno y la sociedad civil.

“Más preocupación nos causan algunos de los elementos expuestos en la reunión por la jefa de la División Jurídica, y que dice relación con aspectos relevantes como la no derogación de la Ley de Menores, lo que resulta incomprensible dado que precisamente lo que busca el Proyecto de Protección Integral de los Derechos de la Niñez es terminar con el viejo paradigma tutelar o “del menor en situación irregular” y avanzar hacia el reconocimiento de los Derechos Universales de niños, niñas y adolescentes, a través de la adecuación de nuestra legislación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, dando así, cumplimiento a las constantes recomendaciones hechas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en esta materia a nuestro país”, señaló ROIJ-Chile en su declaración.

Preocupa también que, según la funcionaria ministerial, se habría borrado lo avanzado respecto a la regulación de las actuaciones de las policías en su relación con niños, niñas y adolescentes. Del mismo modo, ROIJ-Chile manifestó su rechazo a “que se haya cercenado de la propuesta de consenso lo relativo a la prohibición explícita de todo tipo de violencia, incluso dentro del hogar, hacia niños, niñas y adolescentes”.

UNICEF se sumó a la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil y en cartas dirigidas a los ministros de Desarrollo Social y de Justicia explicitó las dificultades que existen para que dentro del gobierno se acepte proponer un proyecto de orientación moderna, acorde a las recomendaciones de Naciones Unidas y que tenga como principio la doctrina integral de protección de derechos. En su carta, UNICEF cuestiona además que Gobierno anuncie una reforma del SENAME sin generar un “marco integral a favor de los derechos de los niños”, ni derogar la Ley de Menores reemplazándola por una Ley de Protección Integral de Derechos.

La semana pasada el MDS dio a conocer el proyecto que según ellos es la propuesta de consenso en otro lenguaje, pero este es otro proyecto que nos se parece en nada al consensuado, y es contradictorio con la idea de un proyecto de protección integral. Ojala se retome el proyecto de consenso y la participación de la sociedad civil no solo sea un adorno en la elaboración de políticas públicas, para finalmente no ser tomada en cuenta, y se deseche lo logrado en meses de intenso trabajo, esto por el presente y futuro de todos y todas las niñas y niños que viven en Chile.

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