El Estado y los niños y niñas: ¿aló, me escucha?

por Osvaldo Torres *

Fuente: Blog La Tercera

El presidente Piñera ha dicho, en su reciente mensaje a la nación, que la voz de los niños “se escucha siempre fuerte y clara en La Moneda”. La afirmación lamentablemente es incorrecta, tanto para este presidente como para los anteriores.

No estoy diciendo que nunca algún gobierno se haya preocupado de los niños y niñas, ni tampoco que la situación de ellos y ellas es igual a la que teníamos hace 22 años. Es cierto que se ha avanzado en leyes que terminaron con la discriminación entre niños “legítimos, ilegítimos y naturales”; que hoy se hace más intolerable la violación y abuso sexual de los niños y niñas con sanciones un tanto más fuertes; que se cuenta con una defensoría penal para adolescentes infractores y en términos más generales hay un importante aumento de la cobertura de salas cunas y jardines infantiles, entre otros avances.

Sin embargo, se trata de un problema más profundo. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha venido reiterando desde 1992 que Chile carece de una legislación moderna, coherente y orientada según la Convención internacional de los Derechos del Niño. ¿Por qué si todos los gobiernos y políticos conocen estos reiterados informes, no se legisla según esta demanda? ¿Por qué no se toma en cuenta el consenso de una aplastante mayoría de las organizaciones que trabajan a favor de la niñez, de 34 senadores y de UNICEF, respecto de crear un Sistema de Protección Integral de la Infancia acorde a estos parámetros modernos?

Responder a estas preguntas nos puede ilustrar el grado en que son escuchados los niños no sólo en La Moneda, sino a lo largo del país.

La cuestión de fondo consiste en que las diversas instituciones del Estado que trabajan con la niñez (SENAME, tribunales, policías, etc.) siguen considerando que los derechos de los niños no son más que una prebenda formal, mientras que serían los adultos con calidad de tutores (padres, profesores, sacerdotes, etc.) los que tendrían la madurez, la experiencia y el conocimiento para decidir por los niños y las niñas. Se trata de una abierta discriminación por su condición etaria.

Antecedentes que confirman esta concepción se encuentran por decenas en la vida real. En el tema del abuso sexual, por ejemplo, un informe reciente de Contraloría reconoció que sólo un 15% de los niños y niñas que han requerido asistencia del Estado han sido atendidos. Esto, sin contar los casos que no son denunciados y que el maltrato o los abusos sexuales contra los niños y niñas son cometidos en su mayoría no por sicópatas sueltos en la calle, sino por familiares o personas que ellos consideran tutores y de confianza.

Algo similar ocurre con los niños que presentan problemas de salud y que por su condición de exclusión, son remitidos por los jueces a los hogares financiados por SENAME, los que no tienen especialización ni recursos para resolver integralmente las causas y síntomas de sus problemas. En este punto la Contraloría también reporta sobre los escasos recursos que tiene este organismo estatal y las consecuencias adversas que tiene para los niños y niñas.

Otras cuestiones, como los procedimientos policiales, las escasas garantías para ser escuchados en el sistema judicial, escolar y en otros espacios donde contribuyen a la vida social del país, son parte de las discriminaciones que, por su sola condición de edad, no tienen aún protección. Un Defensor de la niñez y la adolescencia resolvería el vacío de una voz potente y con exigibilidad sobre el Estado y familias para que se respeten los derechos de todos los niños y niñas, sin tener que utilizar a la Contraloría de la República (!) como órgano preocupado de evaluar el estado del cumplimiento de los derechos sólo de aquellos que están bajo la tutela de SENAME. Sin embargo hasta hoy tampoco se escucha esta otra demanda del Comité de Derechos del Niño, también planteada desde… 1992.

En definitiva, la inexistencia de una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes es el signo de la incapacidad de la sociedad chilena de reconocer la deuda que se tiene con este grupo de la población, que por su condición de edad y falta de derechos políticos no puede hacer oír su voz e intereses con claridad. Es simple, no hay ley de protección integral porque no hay voluntad política para comprometerse en resguardar sus derechos y promoverlos.

Aprobar una ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes sería asumir de una vez por todas los deberes que tiene el Estado, los colegios, las comunidades y las familias para con ellos.

Sólo bajo esas condiciones uno podría afirmar que en la casa de gobierno se está escuchando, siempre, la voz y opinión de los niños.

Osvaldo Torres es antropólogo, magíster en historia y doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Es Director Ejecutivo de ACHNU-Prodeni y académico en la Universidad de Chile.

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